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NotaPublicado: Jue Nov 08, 2007 2:19 am 
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Cursando: Sociología CBC (?).
Universidad: UBA
ARTICULOS CIENTÍFICOS

EDUCACION SEXUAL, ABORTO Y DERECHO


Dr.Roberto Arribere

En este espacio de interdisciplina y derecho hemos visto anteriormente cuestiones que hacen a la educación sexual y sus implicaciones relativas a los menores de edad, y poco tiempo después de ello. la realidad, superadora de toda ficción, ha reflotado una de las cuestiones paradigmáticas más urticantes en la materia, que nuestra sociedad aún no ha resuelto: la del aborto.
Es a través de la educación sexual, que la mujer habrá de lograr los conocimientos esenciales que le permitirán gozar libremente de su sexualidad, sin comprometerse en un embarazo no deseado y la totalidad del plexo social, por su parte, pueda comprender situaciones que hasta ahora condena.

Sin duda que en esa condena están la autonomía de la mujer en la toma de decisiones en materia de salud y, fundamentalmente, los métodos de anticoncepción quirúrgica, cuestiones que, más allá de lo bioético y/ o lo puramente médico, son vistas en general, a través de una visión cultural impregnada de principios dogmático/ confesionales, reivindicados por los sectores más conservadores del catolicismo.

La mujer es, incuestionablemente, un sujeto moral autónomo que, aún negado por esos mismos sectores religiosos en el curso de los siglos, está dotado de voluntad y es competente para expresarla libremente.
Esa calidad de sujeto moral autónomo ha sido reconocida por el Derecho de nuestro país poco antes de mediados del siglo XX, especialmente en lo que hace a sus derechos políticos y civiles, pero aún se ve limitada en lo que hace a la toma de decisiones en materia de salud, especialmente si ellas están relacionadas con su capacidad reproductiva.

Prueba de ello es la reciente ley nacional que permite la lisis tubaria, o ligadura de trompas, como método de anticoncepción quirúrgica sancionada recién en el mes de agosto de 2006, luego de años de encarnizadas y estériles discusiones dilatorias, y poco menos que "forzada" por la vigencia en varias provincias de leyes previas en la materia.

Ha sido precisamente también en el corriente mes de Agosto, que hemos visto como se ha pretendido silenciar y desconocer la voluntad de abortar de dos mujeres víctimas del delito de violación, esta vez expresada por sus representantes legales dadas sus incapacidades de hecho, decisiones finalmente validadas a través de sendas decisiones jurisprudenciales.

Estos dos casos, junto con tantos otros en que están involucradas mujeres plenamente capaces, forman parte de aquellos paradigmas aún no resueltos por los distintos estamentos sociales y que deberán ser esclarecidos y decididos si es que se quiere reconocer, en toda su amplitud, la existencia de un verdadero estado de derecho a través de la irrestricta vigencia de los derechos humanos para la mujer.

Durante casi un mes se discutió en los medios de comunicación masiva, la posibilidad de que se realizara el aborto en aquellas dos dementes violadas, alegando el derecho a la vida de los embriones que ellas portaban y desconociendo la clara disposición del art. 86 incs 1 y 2 del código penal vigente presuntamente derogado por la vigencia de la Convención internacional de los derechos del niño y del pacto de San José de Costa Rica, incorporados a la Constitución Nacional por la reforma de que fuera objeto en 1994.

Serán necesarias algunas aclaraciones para que la sociedad comprenda e incorpore definitivamente el paradigma del aborto.-
La PRIMERA aclaración es que el aborto debe ser la última instancia a que recurra la mujer frente a un embarazo no deseado.-

Para ello deberá tener plena eficacia la ley 25.673 de salud sexual y paternidad responsable, en cuanto ella dispone promover la salud sexual, garantizando a la población de todo nivel etario, social y educativo el acceso a la información, orientación, métodos y prestaciones de servicios referidos a la salud sexual y procreación responsable, llegando incluso al suministrar métodos y elementos anticonceptivos de carácter reversible, no abortivos y transitorios, respetando los criterios o convicciones de los destinatarios, salvo contraindicación médica específica.
Hasta tanto ello no se de plenamente, las mujeres y la sociedad toda, seguirán en riesgo de embarazos no deseados que, como tales que son, se buscará interrumpir por todos los medios
La SEGUNDA aclaración esta referida a la presunta antinomia entre la vida de la mujer gestante y la del embrión que porta.

No nos queda duda que no hay colisión ninguna de intereses entre ambas vidas dado que la gestante es una mujer, sujeto moral autónomo como dejamos dicho supra, con una vida plena, de la que depende la vida del embrión que, hasta el momento del nacimiento es una persona en potencia, carente de toda autonomía sometida a todos los riesgos y peripecias que impone el desarrollo del embarazo hasta, incluso, los del parto mismo.-

La TERCERA aclaración, que sustenta la anterior, esta referida a una supuesta colisión normativa que, de despenalizarse el aborto se daría entre el código penal y el art 1 de la Convención Internacional de los derechos del niño, incorporada a la Constitución Nacional, que, en virtud de la declaración formulada por nuestro país, entiende por tal a todo ser humano desde el momento de la concepción.-

Tal colisión no existe en absoluto, ya que es principio básico el de que todos los derechos sean ejercidos conforme las leyes que los reglamenten, por lo que cabe la posibilidad de que el código penal, privilegiando la vida de la madre, despenalice el aborto.
La CUARTA aclaración está referida a las incumbencias que los médicos han resignado paulatinamente, realizando un ejercicio defensivo de su profesión, judicializando prácticas profesionales en aras de preservar a ultranza su responsabilidad o de satisfacer las exigencias que les imponen las empresas prestadoras de servicios de salud.-

No debe olvidarse que la salud es un bien biopsicosocial que va más allá de la simple ausencia de enfermedad, al que están obligados a cuidar y preservar, curándola cuando corresponda conforme las normas del arte y la buena práctica médica.

Es a raíz de ello que en varios fallos judiciales, dictados a instancias de los propios médicos en pedidos de autorización, los Tribunales han decidido que el aborto en los casos del art. 86 incs 1 y 2 del código penal no requiere autorización judicial ninguna por tratarse de una práctica exclusivamente médica una vez constatados los recaudos previstos.

No tenemos dudas entonces que en el caso de una mujer, que porta un embarazo no deseado que le ocasiona un daño psicológico que pone en riesgo su salud mental o física, es ineludible que los médicos reasuman su incumbencia y practiquen el aborto.
La QUINTA aclaración esta referida a la observancia no solo por el médico sino por toda la sociedad, de principios bioéticos esenciales que deben armonizarse al aplicar una legislación vigente o al planificar una nueva sanción.-

El primero de ellos es el de autonomía de una mujer competente, con un embarazo no deseado, producto de una violación, o de violencia o abuso sexual aún doméstico, o imposibilitada por razones de salud para tener su hijo, a la que debe reconocerse la expresión autónoma de su voluntad de abortar, si así lo desea.
Impedirle hacerlo negándole tal posibilidad de abortar, implica una doble vulneración del principio de beneficencia/ no maleficencia por la afectación de su salud física y/o mental que la continuación del embarazo le cause, por una parte, y por la otra porque tal negativa la impulsará a recurrir a un aborto clandestino, unico camino que le queda, con la secuela de los serios perjuicios que tales abortos dejan a posteriori.-

La imposibilidad de acceder a un aborto legal, implica actualmente también una doble afectación al principio de justicia, ya que los servicios de salud deben destinar fondos para la atención de aquellas secuencias dañosas dejadas por la clandestinidad y que podrían ser afectados a otros destinos con mayor beneficios para la salud pública, por un lado, y por el otro al consagrar una flagrante discriminación entre aquellas mujeres que pueden afrontar, desde lo económico, el aborto en forma privada y aquellas que no pueden hacerlo y que deberían recurrir a los hospitales públicos, las que por añadidura podrían ser pasibles de persecución judicial por el delito de aborto.

Finalmente, pero no de menor importancia es que la sociedad tome conciencia de la pluralidad ideológica que la integra, que hace que deba buscarse la coexistencia y tolerancia de valores que no son antagónicos sino diferentes, evitando imposiciones de corte dogmático que generan fuertes rechazos, logrando con ello criterios morales compartibles y efectivamente compartidos que faciliten la convivencia en el respeto recíproco.-
Por todo ello es entonces que el Derecho como ciencia normativa de la conducta humana, no puede seguir en una suerte de limbo gatopardista mirando la realidad actual como si no le perteneciera.-

Por el contrario, el Derecho a través de la tarea de quienes sancionan sus normas positivas, de quienes las deben cumplir y de quienes las aplican ante situaciones litigiosas, debe consagrar una normativa secular adecuando sus contenidos a ese pluralismo del colectivo social, para poder resultar verdaderamente justo.-
Solo así sus normas serán cumplidas por convicción más que por una sanción que no siempre llega o es oportuna.-
Este parece ser un buen momento para hacerlo. Entonces, como lo dijera Ortega y Gasset "....argentinos a las cosas" Buenos Aires, agosto 29 de 2006.

_________________
Para pensar: Hambre Cero


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Traducción al español por Huan Manwë